Mientras los hogares de Quilmes luchan por sobrellevar el ajuste económico, un nuevo capítulo de la disputa fiscal sacude la cotidianeidad de miles de vecinos: la reaparición de la tasa municipal en las boletas de AySA, una jugada impulsada por la administración de Mayra Mendoza. No se trata de una simple cuestión técnica; este giro expone la resistencia de viejas estructuras políticas frente a la modernización y desregulación promovidas por el gobierno nacional.

El trasfondo es claro: el Ministerio de Economía, bajo la gestión de Javier Milei, había eliminado la posibilidad de que municipios incluyeran tasas propias en boletas de servicios públicos. Esta medida buscaba transparentar los cargos que paga cada usuario, evitar la opacidad fiscal y proteger el bolsillo ciudadano. Sin embargo, en lugar de adaptarse a la nueva lógica pro-mercado, la intendencia kirchnerista de Quilmes optó por recuperar la recaudación perdida a través de un fallo judicial, reinstalando los cargos en la factura de agua.

Los números hablan por sí solos. En enero, la Tasa de Seguridad e Higiene que paga AySA al municipio casi se duplicó: de 74,1 millones de pesos mensuales a 140,4 millones, según datos difundidos por la propia empresa estatal. El golpe fue doble: además de la suba, se instauró un mínimo especial para los servicios públicos y una suba de alícuota del 1,30% al 1,60%. El resultado directo es un incremento del 8% en las facturas de agua para todos los usuarios de Quilmes, efectivo desde el 14 de agosto.

Esta jugada, lejos de ser un caso aislado, ilustra el modus operandi de sectores políticos que se aferran a modelos de financiamiento estatal sin considerar los efectos en la calidad de vida de la población. La práctica de cargar tasas municipales en boletas de servicios, aunque legalizada en algunos casos por fallos judiciales, distorsiona el verdadero costo de los servicios y mina la confianza ciudadana en la transparencia fiscal.

No sorprende que la respuesta del gobierno nacional haya sido contundente. Alejo Maxit, presidente de AySA, denunció abiertamente el esquema: “Se habla de derechos esenciales, pero se llenan las facturas de tributos municipales para financiar estructuras ineficientes”. El respaldo llegó desde el propio Luis Caputo, Ministro de Economía, quien subrayó la necesidad de exponer estos mecanismos y avanzar en la desburocratización del Estado.

Para entender el problema de los impuestos ocultos en servicios públicos, conviene repasar algunos puntos esenciales: - La inclusión de tasas municipales en boletas de agua, gas o electricidad es una práctica extendida en el pasado, responsable de sobrecostos y falta de claridad para el consumidor. - La reforma encarada por el Ejecutivo buscó cortar con ese hábito, siguiendo modelos exitosos de países como Chile o Uruguay, donde la separación de tributos y servicios permitió mayor eficiencia y menos evasión. - La resistencia a estas reformas se concentra, en general, en municipios gobernados por partidos que defienden el statu quo estatal y una lógica de financiamiento basada en la presión impositiva, más que en el ahorro y la eficiencia.

El caso de Quilmes no es único, pero sí paradigmático. Mientras provincias y municipios que apuestan a la modernización logran mejoras en la gestión y alivio fiscal, otros insisten en mecanismos regresivos, que impactan especialmente en los sectores medios y bajos. El resultado: menos poder de compra, menor incentivo a la inversión y una economía local menos dinámica.

En el plano internacional, la tendencia es clara. Países que han optado por la desregulación y la transparencia en la facturación de servicios –como Nueva Zelanda, Irlanda y, más cerca, Chile– muestran una mejor relación entre Estado y contribuyentes, con servicios de mayor calidad y presión tributaria a la baja. Argentina, en cambio, sigue atrapada en debates sobre tributos encubiertos que sólo benefician a estructuras políticas y sindicales reacias a perder privilegios.

Frente a este escenario, la apuesta por la apertura, la privatización y la reducción del gasto público no solo es una cuestión ideológica: es una urgencia pragmática. Cada peso que el Estado deja de recaudar por vías indirectas y opacas puede traducirse en mayor inversión, empleo y alivio para el contribuyente. La resistencia de algunos municipios a este proceso revela, en el fondo, el temor a perder el control de la caja y el relato.

La batalla por la transparencia fiscal y la eficiencia en la gestión de los servicios públicos no será breve. Pero la experiencia internacional y la demanda social de un Estado más liviano y eficiente marcan el camino. Si la Argentina aspira a recuperar competitividad y bienestar, el primer paso es abandonar prácticas que, lejos de proteger derechos, sólo perpetúan desigualdades y privilegios.

La transición hacia una economía de mercado real, con ciudadanos empoderados e información clara, exige valentía política y coherencia. Superar la trampa de los tributos ocultos no es solo una cuestión técnica: es decidir si el futuro del país estará en manos de quienes apuestan a la apertura y la eficiencia, o de quienes se aferran al pasado y la opacidad. La elección, como siempre, es colectiva, pero el tiempo apremia.