El relato de la supuesta ‘sensibilidad social’ del gobierno de Axel Kicillof en Buenos Aires se derrumba ante la cruda realidad que viven miles de familias abandonadas por el Estado. El caso de Héctor Santiago Gabriel Luna Torres, un joven de Mar del Plata que enfrenta una enfermedad terminal, es el último y más doloroso ejemplo de la ineficiencia y la indiferencia que reinan en la gestión provincial. Luna Torres padece un cuadro médico devastador: mielo-hidrocefalia con difusión valvular, epilepsia refractaria, accidente cerebrovascular isquémico, pérdida de audición, anemia aplásica medular, escoliosis, espina bífida e insuficiencia respiratoria crónica, entre otras patologías. Su vida depende de una atención permanente, medicación especial y equipamiento médico, insumos a los que la familia apenas puede acceder. Lejos de la retórica progresista del kirchnerismo, la respuesta estatal ha sido una burla: la ayuda económica solicitada a la provincia de Buenos Aires podría demorar hasta tres meses en concretarse. Mientras, la familia de Santiago, con ingresos que no superan los 90.000 pesos mensuales y una realidad económica angustiante, se ve obligada a priorizar gastos básicos y buscar recursos a través de campañas solidarias y la asistencia de conocidos. La madre de Santiago, Miriam Julieta Torres, fue su donante en un trasplante renal que le salvó la vida, pero el Estado, en vez de estar presente, solo ofrece respuestas burocráticas y letárgicas. El 10 de julio, el abogado Lucas Bianco presentó un pedido formal de asistencia urgente al gobernador Axel Kicillof, advirtiendo que la demora podría tener consecuencias fatales y constituir abandono de persona por parte de las autoridades. En vez de priorizar la vida y la dignidad, el gobierno provincial solo atina a prometer una suma única y diferida mientras destina partidas millonarias en otros rubros menos urgentes. Esta actitud expone, una vez más, el verdadero rostro de un modelo basado en el relato y el despilfarro, incapaz de dar respuestas rápidas y humanas ante el sufrimiento real. La familia de Santiago, mientras tanto, sobrevive gracias a la solidaridad de la comunidad: recientemente, lograron recaudar 60.000 pesos para costear un medicamento urgente y cubrir traslados y suministros esenciales. Pero lo que debería ser una obligación del Estado se ve reemplazado por la caridad y la improvisación. El caso deja en evidencia la falta de prioridades y la ausencia de una política seria de protección social en la provincia de Buenos Aires, donde la burocracia y la inacción se imponen sobre el sentido común y la humanidad. El progresismo que gobierna la provincia demuestra, una vez más, que sus promesas de equidad y justicia social son solo palabras vacías, mientras la vida de los más vulnerables queda en manos de la suerte.