En la provincia de Buenos Aires se está jugando mucho más que una discusión sobre cupos laborales. Lo que está en debate es si el Estado debe seguir funcionando como un árbitro parcial, repartiendo privilegios según la identidad de las personas, o si por fin vamos a dar el paso hacia un sistema donde el mérito y la capacidad sean la única moneda de cambio.

El proyecto de Agustín Romo, líder del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, no es una medida aislada: es parte de un cambio de paradigma que busca desarmar los mecanismos de favoritismo que el kirchnerismo instaló durante décadas. Derogar la Ley 14.783, que impone un cupo mínimo del 1% para personas travestis, transexuales o transgénero en la administración pública provincial, no significa negar derechos; significa evitar que la ley sea utilizada como un filtro político e ideológico que distorsiona la competencia sana.

Mientras el gobierno de Axel Kicillof se aferra al discurso de la “inclusión” para justificar políticas que segmentan a los argentinos, Romo y su equipo plantean una premisa simple y contundente: todos tienen que competir bajo las mismas reglas, sin importar género, condición personal o preferencias. En otras palabras, basta de atajos, basta de privilegios, basta de usar al Estado como herramienta de militancia.

Los defensores del cupo argumentan que es una “reparación histórica”. Sin embargo, en la práctica, estas medidas crean nuevas desigualdades y generan la idea de que hay ciudadanos de primera y de segunda según el rótulo que les otorgue el poder político. La verdadera igualdad no se logra con cuotas impuestas desde un despacho, sino con reglas claras que valoren la experiencia, la formación y la dedicación de cada individuo.

Si este proyecto prospera, la provincia tendrá una oportunidad inédita para modernizar su administración pública y enviar un mensaje potente: que el futuro se construye premiando el esfuerzo, no la pertenencia a un grupo protegido. La pregunta es si los legisladores estarán dispuestos a romper con una lógica que, aunque disfrazada de justicia social, hace tiempo dejó de ser justa.

En tiempos en que Argentina necesita cada peso para producir, invertir y generar trabajo genuino, seguir financiando estructuras burocráticas diseñadas para sostener agendas ideológicas es un lujo que ya no podemos darnos. Derogar el cupo trans sería, más que un cambio de ley, un paso hacia un país donde el Estado deje de dividir y empiece, de una vez por todas, a unir.