La batalla por el control y la protección de los recursos marítimos argentinos adquiere nuevos ribetes ante la arremetida de la flota pesquera china, una maquinaria colosal respaldada por el régimen comunista de China. Este enjambre de embarcaciones, que año tras año se traslada a la región del Atlántico Sur, opera al filo de la legalidad, desafiando la soberanía nacional y la integridad del mar argentino.

En este escenario, el liderazgo firme del Gobierno Nacional argentino, encabezado por Javier Milei, se ha convertido en un baluarte para frenar el saqueo. Mientras la gestión anterior, signada por el intervencionismo y la permisividad del kirchnerismo, abrió las puertas a la pérdida de recursos y descontrol en el mar, hoy se observa una respuesta decidida para resguardar la riqueza nacional y proteger el trabajo argentino.

La amenaza no solo radica en la vasta cantidad de barcos –se estima que hasta 600 buques chinos pueden operar simultáneamente frente a Sudamérica–, sino también en la sofisticada logística internacional que los respalda. Hasta hace no mucho, puertos como Montevideo y El Callao servían de refugio y abastecimiento para estas naves, facilitando reparaciones, recambio de tripulación y descarga de capturas producto de la pesca ilegal. Sin embargo, la presión internacional y el endurecimiento de controles en Perú lograron reducir su presencia en la costa pacífica.

En 2024, un hecho alarmante alteró el equilibrio: Chile abrió sus puertos del norte –especialmente Arica e Iquique– a la flota china. Datos recientes revelan que pasaron de no registrar ingresos de estos buques en 2023, a recibir 25 en el mismo período del año siguiente, mientras que en Perú la cifra cayó a cero. Esta transformación convirtió a Chile en un hub logístico de la depredación marítima, poniendo en jaque la seguridad y los intereses de Argentina.

La flota china, subsidiada de manera obscena por el Estado comunista, recibe beneficios multimillonarios para combustible y construcción de barcos, en abierta competencia desleal con las economías de mercado. Además, informes internacionales y denuncias de ONG revelan que en estos barcos se cometen abusos sistemáticos de derechos humanos: trabajo forzado, violencia y hasta muertes en altamar. Se suma la utilización de reefers –barcos cargueros refrigerados– y tanqueros que permiten el transbordo de pescado en aguas internacionales, dificultando el seguimiento y sanción de la pesca ilegal.

No es menor la paradoja: mientras Chile busca liderar tratados internacionales de conservación marina, habilita su infraestructura a naves sancionadas por los Estados Unidos por violaciones a derechos humanos y delitos ambientales. Entre los barcos ahora amparados en puertos chilenos figuran el Fu Yuan Yu 7871 y el Fu Yuan Yu 7872, cuyos armadores han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Frente a este escenario, la acción decidida del Gobierno Nacional, con Patricia Bullrich al frente en seguridad y una política de vigilancia activa, marca un antes y un después. Se intensificaron patrullajes, la cooperación internacional y el uso de tecnología, demostrando que la defensa de los recursos argentinos no es negociable.

Opinión editorial: Argentina enfrenta la amenaza de la depredación china con la dignidad y el coraje de un gobierno que entiende que la libertad y la riqueza se preservan defendiendo la iniciativa privada, el respeto a la propiedad y el imperio de la ley. Mientras otros optan por el silencio cómplice y la entrega, hoy la República se planta con orgullo, reafirmando que solo con Estado eficiente, apertura al mundo y reglas claras se garantiza futuro a las generaciones venideras. El desafío es grande, pero más grande es la convicción de quienes luchan por una Argentina libre y soberana.