La reciente suspensión de la cooperativa Recuperadores del Sur por parte del Ministerio de Capital Humano puso sobre la mesa un problema endémico en la administración de fondos públicos vinculados a la economía social en Argentina. La investigación encabezada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) destapó un esquema donde los recursos, en lugar de financiar el desarrollo de la actividad recicladora, terminaron financiando gastos personales de los principales dirigentes.

El informe oficial detalla que el presidente de la cooperativa, Héctor Eduardo Morillo, junto a familiares directos, utilizó los fondos asignados para costear vacaciones, adquirir vehículos y solventar lujos personales. En la lista figuran pagos por estadías en SPAs, compras de indumentaria y hasta la adquisición de una moto de alta cilindrada. Además, la auditoría verificó transferencias millonarias a cuentas personales y cobro de cheques sin justificar su destino, configurando así una presunta malversación.

Lo llamativo no es solo el desvío de fondos, sino la trama de relaciones políticas y la falta de mecanismos de control efectivos. La cooperativa estaba inscripta como transportista y gestora de residuos ante el Ministerio de Ambiente bonaerense, encabezado por funcionarios con pasado en movimientos sociales vinculados a Juan Grabois. Estos vínculos, más allá de la coyuntura electoral, reflejan la persistencia de estructuras que capturan recursos estatales bajo el discurso de la inclusión, pero que en los hechos reproducen privilegios y opacidad.

Mientras la subsecretaría de Residuos Sólidos Urbanos promovía a Recuperadores del Sur como un ejemplo de inclusión laboral, la auditoría reveló que el número de trabajadores reales distaba mucho del que se informaba públicamente. Esta inconsistencia no es menor si se considera que el acceso a fondos y equipamiento estatal suele estar atado a la cantidad de asociados. El caso, lejos de ser una excepción, expone un patrón que se repite allí donde la supervisión estatal es laxa y la intermediación política eclipsa el mérito y la transparencia.

El cruce de declaraciones entre la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y el gobierno nacional no hizo más que evidenciar la fragilidad institucional del sector. Mientras la federación intentó desligarse de la denuncia, insistiendo en su compromiso con la transparencia, el Estado reclamó mayor rigor y control, sugiriendo que la connivencia política y la falta de auditorías periódicas son terreno fértil para la desidia y el uso discrecional de recursos.

Para entender el problema de fondo, es esencial observar cómo la falta de reformas estructurales y la persistencia de modelos clientelares han impedido que la economía social alcance estándares de eficiencia y rendición de cuentas. Países como Chile o Uruguay, que han avanzado en la profesionalización y fiscalización de sus cooperativas, muestran tasas de desvío de fondos sensiblemente menores, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. La diferencia radica en la voluntad política de desregular, abrir el juego a la competencia y sancionar con firmeza las prácticas abusivas, sin importar la bandera ideológica de los involucrados.

El gobierno de Javier Milei ha prometido desmontar el entramado de organismos y subsidios que, lejos de reducir la pobreza, han consolidado una red de intermediarios entre el Estado y los ciudadanos. La suspensión de Recuperadores del Sur puede leerse como una señal inicial de esa voluntad de cambio, aunque la verdadera transformación dependerá de que la política deje de ser el refugio de quienes buscan rentas fáciles y vuelva a poner en el centro la transparencia, el control ciudadano y la eficiencia en la gestión de los recursos.

¿Puede este escándalo marcar el inicio de una nueva etapa? Las experiencias de reforma profunda en Europa del Este o en economías emergentes de Asia demuestran que la apertura, la competencia y la sanción efectiva a los desvíos son el camino para terminar con la impunidad y promover verdaderos proyectos productivos. La transición no será fácil: los sectores que se beneficiaron del statu quo resistirán, apoyados por gremios y partidos que históricamente han defendido la opacidad bajo argumentos de justicia social.

Sin embargo, es innegable que, allí donde se ha apostado por la libertad económica, la reducción del gasto y la meritocracia en el acceso a fondos públicos, los resultados han sido superiores en inclusión, empleo y desarrollo sostenible. La tarea pendiente es romper con la lógica de la dependencia estatal y empoderar a los verdaderos emprendedores sociales, desterrando para siempre el uso político de los recursos de todos.

Reflexión: La transparencia y la eficiencia en el uso de fondos públicos no son banderas de un partido, sino condiciones indispensables para el desarrollo. La Argentina no puede permitirse seguir financiando estructuras ineficientes y opacas. Solo con coraje político y reformas profundas será posible construir una sociedad más justa, donde el mérito y la innovación ocupen el lugar que hoy detentan los intermediarios y los privilegiados del sistema.