Devolvé la guita: el patrimonio de Cristina Kirchner, bajo embargo definitivo. Tiene que devolver todo
El avance judicial marca un antes y un después para el kirchnerismo y redefine el poder de los ex presidentes en Argentina

En una Argentina que intenta dejar atrás décadas de corrupción estructural, el reciente fallo judicial que ordena el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner por la causa Vialidad representa mucho más que una noticia de coyuntura: es un hito que desafía la vieja lógica de impunidad y privilegios para quienes ostentaron el poder. El Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó el intento de la ex presidenta por frenar la ejecución de la sentencia, que la obliga a desprenderse de su patrimonio como consecuencia de su condena por defraudación al Estado.
La decisión, rubricada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, no solo reafirma la validez de la condena, sino que sienta un precedente respecto al alcance de la Justicia frente a figuras históricamente intocables del kirchnerismo. Mientras la defensa de Cristina Kirchner insistió en que la actualización del monto a decomisar debía calcularse con una metodología más favorable, los magistrados confirmaron que la utilización del Índice de Precios al Consumidor es la vía correcta para reflejar el verdadero perjuicio sufrido por el erario público.
El debate técnico sobre la tasa de actualización no es un simple detalle numérico: de haber prosperado la postura de la defensa, la suma a devolver hubiera sido irrisoria comparada con la magnitud real del daño causado. Este tipo de estrategias dilatorias y de reinterpretaciones legales han sido moneda corriente en las últimas décadas, permitiendo que funcionarios y allegados a estructuras de poder mantuvieran fortunas a salvo de toda investigación seria. Casos similares pueden observarse en países como Brasil, donde el Lava Jato llevó a prisión a expresidentes y empresarios, reconfigurando el tablero político e institucional.
El trasfondo de la causa Vialidad es paradigmático. Según peritajes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el desvío de fondos en obras públicas durante los gobiernos kirchneristas no solo afectó las finanzas estatales, sino que también distorsionó el mercado de la obra pública, privilegiando a empresas amigas y expulsando a competidores genuinos. El resultado: rutas inconclusas, sobreprecios y servicios deficientes para millones de argentinos. Mientras tanto, el relato progresista justificó estos desmanejos como "errores administrativos" o los minimizó usando argumentos ideológicos.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, argumentó que no existen bienes en su patrimonio que sean producto del delito. No obstante, el tribunal fue contundente: las instancias recursivas están agotadas y el decomiso es inapelable en esta etapa. Lejos de admitir responsabilidades, la ex presidenta anunció que recurrirá a la Corte Suprema y a organismos internacionales, replicando tácticas que históricamente han prolongado la resolución de casos clave para la institucionalidad nacional.
Para entender la raíz del problema argentino en materia de corrupción, es necesario repasar algunos puntos centrales: - Los sistemas de control estatal fueron sistemáticamente debilitados por décadas de gobiernos con fuerte impronta intervencionista. - La impunidad de ex funcionarios y sindicalistas bloqueó reformas y ahuyentó inversiones. - El costo de la corrupción se traduce en menor crecimiento, empleo de peor calidad y deterioro de la infraestructura, como lo muestran informes del Banco Mundial y la OCDE.
Frente a este escenario, la administración de Javier Milei ha puesto el foco en la transparencia, la eficiencia y la desregulación del Estado, buscando romper con la lógica de privilegios y prebendas. La señal enviada por la Justicia, en sintonía con este clima de reformas, es clara: la rendición de cuentas ya no es optativa, ni está reservada solo a los "enemigos" del poder de turno.
En términos económicos, el decomiso de bienes es apenas una fracción del daño total, pero tiene un efecto pedagógico y simbólico crucial: por primera vez en mucho tiempo, la Justicia argentina demuestra que puede actuar sin condicionamientos partidarios. El impacto institucional es doble. Por un lado, se fortalece la confianza en las instituciones, condición imprescindible para recuperar la inversión privada y la generación de empleo de calidad. Por otro, se envía una advertencia a quienes, desde la política o los sindicatos, insisten en defender modelos de gestión opacos y clientelares.
El contraste con otros países de la región es ilustrativo. En Chile, la transparencia y la sanción efectiva de delitos contra la administración pública han sido factores determinantes para atraer capitales y sostener el desarrollo. En cambio, en la Argentina, la cultura de la impunidad fue uno de los grandes obstáculos para consolidar un mercado eficiente y competitivo.
Mientras el kirchnerismo denuncia persecución judicial y busca apoyo en organismos internacionales, la sociedad argentina parece haber dado vuelta la página. El avance de las causas de corrupción, sumado a la firmeza del gobierno actual en su agenda de reformas estructurales, abre la puerta a un ciclo donde la legalidad y el mérito ocupan un lugar central.
La causa Vialidad simboliza el fin de una era para el peronismo y los sectores que han hecho del Estado su botín. El desafío de fondo es no solo sancionar el pasado, sino también garantizar que nunca más la política esté por encima de la ley y que los recursos públicos sean administrados con criterios de eficiencia y transparencia, como ya ocurre en naciones que lograron dejar atrás el populismo y el intervencionismo crónico.
En definitiva, la batalla contra la corrupción es indispensable para liberar las fuerzas del mercado, reducir el gasto improductivo y devolverle al ciudadano el control sobre su propio destino. A medida que avancen las reformas y se consolide la independencia judicial, la Argentina podrá aspirar finalmente a recuperar el lugar que perdió por culpa de décadas de mala gestión y complacencia con la ilegalidad.
La transición será difícil, pero cada avance en este sentido es un paso más hacia una República moderna, abierta y meritocrática, donde la ley sea pareja para todos. Queda en manos de la sociedad exigir que este proceso no se detenga y que los responsables del saqueo estatal enfrenten las consecuencias de sus actos. Solo así será posible construir un futuro de prosperidad y libertad.