La discusión sobre el destino de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) ha vuelto a encender las diferencias entre los gobernadores y el Gobierno Nacional, dejando al descubierto las profundas grietas del federalismo fiscal argentino. Bajo la presidencia de José Luis Espert en la Comisión de Presupuesto, la disputa por el control y la asignación de este fondo millonario —que este año podría alcanzar el billón de pesos según estimaciones oficiales— se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre quienes defienden la discrecionalidad central y quienes exigen mecanismos automáticos y transparentes.

Mientras los mandatarios provinciales, en un bloque heterogéneo, impulsan una iniciativa para que los ATN se distribuyan automáticamente según los coeficientes de coparticipación, el oficialismo respondió con una propuesta alternativa que, aunque introduce la obligación de repartir automáticamente los remanentes, mantiene para el Ejecutivo la potestad de asignar la mayor parte de los fondos según su criterio. Este modelo, lejos de ser una rareza local, replica prácticas de asignación discrecional vistas en otras economías latinoamericanas, donde el centralismo ha sido una barrera histórica para la autonomía provincial y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

El dictamen de mayoría, avalado por 27 miembros de la Comisión —principalmente de bloques opositores como Unión por la Patria, Democracia para Siempre y representantes de Salta y Misiones—, busca establecer una regla clara: que el 58,8% del fondo beneficie a las provincias, limitando el margen de maniobra del Poder Ejecutivo. El temor a que la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, acapare la mayor parte del reparto, ha sido uno de los argumentos más citados por quienes rechazan el modelo automático.

En contraste, la Casa Rosada logró sumar voluntades entre los denominados 'acuerdistas', especialmente en Mendoza, CABA y San Juan, evidenciando que el federalismo argentino está lejos de ser un bloque monolítico. La propuesta oficialista recibió 15 firmas y, aunque no alcanzó la mayoría, generó una primera fisura en la unidad que hasta ahora mostraban los gobernadores. Si la historia reciente sirve de guía, no sería la primera vez que la inercia de la política local termina privilegiando acuerdos puntuales sobre soluciones estructurales. América Latina abunda en ejemplos de fondos fiscales utilizados como moneda de cambio política, con resultados adversos para el desarrollo regional.

Para entender a fondo lo que está en juego, es indispensable analizar algunos puntos centrales:

- La discrecionalidad en la distribución de los ATN ha sido históricamente una herramienta de presión y negociación política, más que un mecanismo para atender emergencias reales. - El modelo de reparto automático, defendido por los gobernadores opositores, busca replicar mecanismos de transparencia como los aplicados en países con sistemas federales desarrollados, donde la asignación de fondos no depende del color político de los mandatarios. - La resistencia de algunos grupos sindicales y caudillos locales a perder el control sobre 'cajas' de recursos explica la fragmentación del frente de gobernadores y la dificultad para avanzar en reglas más previsibles y racionales.

La experiencia internacional demuestra, por caso, que países como Australia o Canadá lograron reducir tensiones entre regiones y el poder central a través de criterios claros y automáticos de distribución, evitando que la discrecionalidad se convierta en fuente de clientelismo y desigualdad. En la Argentina, la transición hacia un federalismo fiscal moderno y eficiente requiere superar la lógica de reparto arbitrario para avanzar hacia la rendición de cuentas y la responsabilidad fiscal.

El gobierno del presidente Javier Milei ha dejado claro que su objetivo es desarticular las estructuras que perpetúan la dependencia de las provincias del Estado central. Al proponer la automatización parcial de los remanentes, busca dar un paso intermedio, aunque mantiene la potestad ejecutiva sobre la mayor parte del fondo. Los críticos de la medida sostienen que esto perpetúa la utilización política de los ATN, mientras que los defensores argumentan que permite al Ejecutivo responder con flexibilidad a emergencias imprevistas.

En este contexto, no sorprende que la fragmentación se haya trasladado a la Cámara de Diputados: ni el radicalismo ni el bloque MID firmaron los dictámenes, y tanto la izquierda como la Coalición Cívica presentaron alternativas propias. El resultado final sigue abierto, pero el trasfondo es claro: la discusión trasciende la coyuntura y enfrenta dos modelos de país. Uno, basado en la transparencia, el control ciudadano y reglas de juego estables para todas las jurisdicciones; otro, en la discrecionalidad, el lobby y la perpetuación del statu quo.

La historia argentina está repleta de ejemplos donde la centralización de recursos ha servido para disciplinar y premiar aliados, en detrimento de la autonomía provincial y la eficiencia del gasto. Los intentos de reforma, como el que hoy impulsa el oficialismo, suelen encontrar resistencia en quienes temen perder privilegios heredados de décadas de centralismo. Sin embargo, la evidencia internacional muestra que la apertura, la transparencia y la reducción de la discrecionalidad estatal no solo mejoran la gestión pública sino que también atraen inversiones, potencian la innovación y generan empleo genuino.

Reflexión final: Para romper definitivamente con las estructuras que impiden el desarrollo federal, la Argentina debe apostar por reglas claras, instituciones sólidas y un Estado que respete la autonomía de las provincias dentro de un marco de responsabilidad fiscal. La transición será compleja y es esperable que los defensores del viejo orden levanten barreras, pero la historia reciente demuestra que los países que se animaron a reformar en serio sus sistemas de reparto lograron mejores servicios públicos, menos corrupción y mayores oportunidades para sus ciudadanos. El desafío, entonces, es dejar de lado la lógica del reparto arbitrario y avanzar hacia un federalismo de verdad, donde la libertad y la competencia entre provincias sean el motor del progreso nacional.