El crimen en La Matanza que conmueve y retrata una crisis sin freno: ¿quién protegerá a las familias?
Una madre dedicada fue asesinada ante su hijo en un intento de robo. El drama de una sociedad sitiada por la inseguridad.
La estremecedora muerte de Rita Suárez en La Matanza, a plena luz del día y frente a su propio hijo, pone en evidencia una realidad que muchos prefieren ignorar: la falta de garantías mínimas para la vida y la propiedad en vastos sectores del conurbano bonaerense. Suárez, preceptora escolar y madre de dos hijos, esperaba en su auto cuando fue sorprendida por tres delincuentes cuyo único propósito era robar un vehículo. Sin mediar palabra, uno de ellos disparó, truncando una vida y dejando una familia devastada.
Este hecho no es un caso aislado. En los días previos, otra joven fue asesinada por motochorros en González Catán, profundizando la sensación de que la criminalidad actúa con impunidad creciente. Las cámaras de seguridad y los registros de pagos digitales permitieron identificar a los responsables del crimen rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. En una secuencia que se repite en el conurbano, la policía logró detener a uno de los sospechosos gracias a rastros tecnológicos; los otros, menores de edad, quedaron en manos de la justicia juvenil, una instancia que frecuentemente carece de herramientas y fortaleza para actuar de manera ejemplar y preventiva.
Para entender la gravedad de la problemática de inseguridad en zonas como La Matanza, es clave analizar tres dimensiones: la expansión de las economías ilegales, la ineficiencia estructural de los sistemas judicial y policial, y la falta de incentivos para la inversión en seguridad y prevención.
La descomposición del tejido social no ocurre de un día para el otro. Décadas de políticas centradas en el asistencialismo y el clientelismo, sumadas a la ausencia de reformas profundas en materia de justicia y fuerzas de seguridad, han creado un caldo de cultivo para que el delito se multiplique y sofisticadamente se adapte. Mientras tanto, las familias como la de Rita Suárez quedan expuestas y desprotegidas.
En contraste, experiencias internacionales demuestran que la inversión privada en tecnología, la profesionalización de las fuerzas policiales y la reducción de la burocracia estatal pueden revertir estos procesos. Países como Chile y Uruguay han logrado disminuir significativamente sus tasas de homicidio y robo mediante la apertura de los sistemas de seguridad a la competencia, la incorporación masiva de cámaras, y la adopción de protocolos modernos de patrullaje y reacción rápida.
El caso de Suárez también evidencia el desafío que impone la participación de menores en el delito violento. El debate sobre la edad de imputabilidad y la responsabilidad penal juvenil permanece estancado por presiones sindicales y discursos que privilegian el status quo. Esto no solo limita la capacidad del Estado para actuar, sino que genera un mensaje peligroso: el delito puede quedar impune si se comete antes de cierta edad.
La falta de reforma judicial y policial en la provincia de Buenos Aires es un factor crítico. Informes de organismos como el Observatorio de Seguridad Ciudadana muestran que, mientras en países con sistemas judiciales ágiles y menos politizados la tasa de resolución de homicidios supera el 80%, en el conurbano bonaerense ronda apenas el 40%. La diferencia radica en la voluntad política para encarar transformaciones de fondo, desburocratizar procedimientos y profesionalizar recursos humanos.
La reacción de la comunidad educativa ante el crimen de Rita Suárez fue un reflejo de dolor y resignación: "Acompañamos en este difícil momento", escribieron sus colegas, visiblemente afectadas por la pérdida de una compañera comprometida y querida. Sin embargo, la resiliencia social no debe confundirse con resignación ante la inacción estatal.
Para entender por qué la criminalidad se ha enquistado en sectores como La Matanza, es necesario ver más allá de los hechos aislados. La falta de oportunidades genuinas, el avance de la economía informal y la ausencia de políticas de prevención reales, sumado a una estructura policial muchas veces capturada por intereses políticos y sindicales, conforman un entorno propicio para el delito.
El caso también enciende una alarma sobre la importancia de la innovación tecnológica en la resolución de crímenes. En esta investigación, la utilización de billeteras virtuales y datos de cámaras fue fundamental para seguir el rastro de los sospechosos. Sin embargo, la escasa capacitación policial y los déficits presupuestarios suelen limitar el uso efectivo de estas herramientas. Una agenda reformista debería priorizar la apertura a la inversión privada en materia de seguridad y la cooperación público-privada para el desarrollo de sistemas inteligentes de vigilancia, como sucede en ciudades de Europa y Asia.
El dolor de la familia de Suárez es, en definitiva, el dolor de miles de argentinos que viven bajo la amenaza constante de la inseguridad. Cada crimen de esta naturaleza no solo arranca una vida, sino que erosiona la confianza en las instituciones y en la capacidad del país para ofrecer un futuro digno y seguro a sus ciudadanos.
La única salida posible es una reforma integral: menos burocracia, más profesionalismo, incentivos para la inversión privada y una justicia menos ideologizada y más eficiente. La defensa de la vida y la propiedad no puede quedar supeditada a debates eternos ni a intereses corporativos que perpetúan la inacción.
Reflexión final: La trágica muerte de Rita Suárez debe ser un llamado urgente a abandonar la complacencia con políticas de seguridad obsoletas. Solo una agenda que abrace la libertad, la responsabilidad individual y la modernización institucional permitirá recuperar la paz en las calles y la esperanza en el futuro. Es hora de exigir respuestas, no discursos, y apostar por reformas que pongan al ciudadano en el centro, no como rehén de la ineficiencia estatal.