El reciente traslado de Claudio Contardi a la Alcaidía Departamental de Melchor Romero no solo pone el foco sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales para delitos de extrema gravedad, sino que reabre preguntas incómodas sobre el sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires. La condena a 19 años de prisión dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana contra el empresario, por el delito de abuso sexual agravado, no pasó desapercibida. La repercusión del caso se amplificó al saberse que el mismo establecimiento aloja a otros internos célebres, como los responsables del asesinato de Fernando Báez Sosa.

Para entender el destino judicial de Claudio Contardi, es imprescindible analizar el proceso que culminó en su sentencia y traslado. Tras pasar la primera noche en una dependencia policial de Escobar, fue derivado a Melchor Romero, una alcaidía que depende directamente del Ministerio de Justicia bonaerense, fuera del radio del Servicio Penitenciario Bonaerense. Este matiz administrativo no es menor: indica un intento del Estado provincial de separar la gestión de detenidos de alto perfil de la estructura tradicional, históricamente cuestionada por su ineficiencia y corrupción.

La Alcaidía Departamental de Melchor Romero se caracteriza por su custodia reforzada y el alojamiento de reclusos sometidos a procesos judiciales mediáticos o condenas emblemáticas. Allí también cumplen sus penas los jóvenes condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, caso que conmovió a la opinión pública y expuso la demanda social de penas firmes y cumplimiento efectivo. La convivencia de internos de alto impacto en la agenda mediática plantea desafíos adicionales para la administración penitenciaria: desde la seguridad interna hasta la atención de la exposición pública y la presión de los familiares de víctimas.

El fiscal del caso de Contardi fue contundente en su alegato, subrayando la naturaleza sistemática y prolongada de los hechos, el uso de violencia física y psicológica, y la asimetría de poder en la relación con la víctima. El fallo, que condenó a Contardi a casi dos décadas de encierro, fue recibido como un avance en la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género, aunque para muchos especialistas revela también la lentitud de la justicia argentina en dar respuesta a las víctimas.

En paralelo, la propia Julieta Prandi expresó públicamente su alivio y alentó a quienes atraviesan situaciones similares a no desistir en la búsqueda de justicia. Su testimonio resuena en un contexto donde la visibilidad mediática puede acelerar procesos judiciales, pero también donde el Estado debe garantizar la igualdad ante la ley, sin importar el perfil del acusado.

A diferencia de lo que sucede en países donde la privatización parcial del sistema carcelario y la supervisión externa han permitido mejoras en las condiciones de reclusión y la reinserción, la Argentina sigue atada a modelos estatistas con resultados dispares. La experiencia internacional demuestra que la gestión eficiente y la transparencia, sumadas a la aplicación irrestricta de la ley, contribuyen a reducir la reincidencia y fortalecer la confianza pública en la justicia. En comparación, la sobrecarga y el hacinamiento en cárceles bonaerenses son síntomas de un sistema que necesita reformas profundas, con énfasis en la profesionalización, la apertura a la inversión privada y la evaluación constante de resultados.

Para entender el problema de la gestión penitenciaria en Buenos Aires, es necesario considerar: - La heterogeneidad en la administración de alcaidías y cárceles, que dificulta la unificación de criterios de seguridad y tratamiento de reclusos. - La persistente resistencia gremial y política a cualquier intento de reforma estructural, que perpetúa prácticas ineficientes. - La escasez de recursos y la asignación deficiente del gasto público, que limita la modernización de las instalaciones y la capacitación del personal.

El caso de Claudio Contardi ilustra, en definitiva, los desafíos de un sistema judicial y penitenciario que busca reafirmar el principio de igualdad ante la ley, pero que enfrenta limitaciones materiales y políticas para garantizar procesos expeditivos y encierros dignos. Mientras la sociedad exige respuestas rápidas y justas, la solución de fondo implica repensar el rol del Estado, abrir el debate a la participación privada y avanzar hacia modelos de gestión transparentes y orientados a resultados, tal como lo han hecho países con tasas de reincidencia en descenso y sistemas penitenciarios auditados externamente.

A modo de cierre, la apuesta por la libertad individual y la responsabilidad personal solo puede sostenerse si el Estado cumple, sin privilegios ni demoras, con su función de castigar a los culpables y proteger a las víctimas. La transición hacia un sistema más eficiente requiere valentía política, apertura a las mejores prácticas internacionales y, sobre todo, la convicción de que la justicia es un pilar innegociable de la convivencia democrática.