La provincia de Tierra del Fuego se encuentra en el centro de una discusión clave para su futuro productivo: el tratamiento legislativo de un proyecto que pretende modificar la Ley Provincial N° 1.355, vigente desde 2021, que prohibía la instalación de salmoneras en todo su territorio. Ahora, se propone abrir el juego a la acuicultura moderna en lagos, ríos y el Mar Argentino, excluyendo únicamente el Canal Beagle, considerado un ecosistema sensible y de alto valor ambiental.

Esta iniciativa, respaldada por representantes de diferentes bloques, entre ellos La Libertad Avanza, surge en un contexto donde la diversificación productiva y la generación de empleo se convirtieron en necesidades imperiosas ante la crisis económica argentina. Al habilitar la cría de salmones en zonas aptas, los impulsores del proyecto sostienen que la provincia puede atraer inversiones, incorporar tecnología de última generación y convertirse en un polo exportador, siguiendo el ejemplo de economías como la de Chile, líder mundial en la materia.

Para entender el trasfondo de este debate, conviene repasar algunos datos: mientras que en los últimos 20 años Chile multiplicó sus exportaciones de salmón y creó miles de puestos de trabajo en la Patagonia, la política de veto total establecida por los sectores conservadores de la economía fueguina mantuvo a la provincia al margen de este boom. Según cifras de la FAO, la acuicultura representa casi el 1% del PBI chileno, con exportaciones anuales superiores a los 5.000 millones de dólares. ¿Por qué entonces la Patagonia argentina no podría replicar este modelo, bajo estrictos estándares ambientales y de calidad?

El dictamen legislativo contempla salvaguardas ambientales que responden a las inquietudes de los sectores ambientalistas: mantiene la prohibición en el Canal Beagle y exige a las futuras instalaciones cumplir con parámetros internacionales de sustentabilidad. La autoridad de aplicación deberá garantizar el monitoreo constante de impactos y la protección de las especies nativas. Sin embargo, voces opositoras ligadas a viejas estructuras sindicales y políticas del peronismo y el kirchnerismo buscan perpetuar el statu quo, argumentando riesgos ecológicos sin abrirse al debate técnico sobre los avances logrados en países líderes en acuicultura.

Quienes promueven la modernización productiva insisten en que la apertura de la salmonicultura representa una oportunidad concreta de inserción internacional para Tierra del Fuego, una provincia históricamente dependiente de subsidios, empleo público y regímenes de excepción. Al adoptar políticas pro-mercado –con incentivos a la inversión privada, reducción de trabas burocráticas y respeto por la propiedad privada–, el distrito podría iniciar una transición hacia una economía más dinámica, menos dependiente del Estado y alineada con la visión de reforma estructural impulsada a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei.

A nivel global, la experiencia demuestra que la regulación inteligente y la apertura comercial no son enemigas del ambiente, sino aliadas de la innovación y la eficiencia. Noruega, otro caso paradigmático, logró conjugar la protección de sus fiordos con una industria salmonera de altísima productividad, gracias a la inversión tecnológica y a marcos regulatorios claros. En contraste, las políticas restrictivas y la captura del debate por sectores sindicales o políticos reticentes al cambio, solo perpetúan la pobreza y el atraso.

La discusión, lejos de ser meramente ambiental, pone en juego el modelo de desarrollo que se quiere para el sur argentino: ¿seguir atados a viejas recetas de cierre y subsidio, o apostar por la apertura, la competencia y la creación de riqueza genuina? La elección de la Legislatura fueguina marcará un precedente con impacto nacional y regional.

Quienes defienden la libertad económica y la desregulación sostienen que la clave está en confiar en la capacidad del sector privado para innovar y generar empleo, bajo reglas de juego claras y exigentes. El desafío es evitar los errores de otras provincias, donde la sobreprotección ambiental se volvió excusa para frenar cualquier iniciativa productiva, condenando a las comunidades al desempleo y la dependencia estatal.

En la Argentina que busca abandonar el intervencionismo y la ineficiencia, la apuesta por la salmonicultura en Tierra del Fuego es mucho más que un cambio normativo: es una señal de que se puede avanzar hacia un modelo de crecimiento sostenible, competitivo y alineado con las tendencias mundiales. La experiencia internacional demuestra que es posible combinar desarrollo, respeto ambiental y bienestar social, siempre que el Estado deje de ser un obstáculo y se convierta en garante de reglas claras y previsibles.

Para entender el problema de la salmonicultura fueguina, es imprescindible considerar: - El impacto positivo de la acuicultura en economías exportadoras como Chile y Noruega. - Los riesgos de perpetuar prohibiciones sin base técnica ni apertura al desarrollo privado. - El rol de los sindicatos y sectores políticos reticentes a las reformas, que buscan mantener privilegios a costa de oportunidades para la población. - El potencial de la salmonicultura para diversificar la matriz productiva, crear empleo y atraer inversiones.

En definitiva, la decisión que tome la Legislatura de Tierra del Fuego será un termómetro del rumbo que el país quiere tomar: o se afianza el camino de la libertad, la innovación y el progreso, o se consolida el círculo vicioso del intervencionismo. El futuro de la provincia y la Argentina está en juego.

La transición hacia una economía abierta y competitiva requiere coraje político y visión de largo plazo. El proyecto de habilitar las salmoneras en Tierra del Fuego es una oportunidad concreta para demostrar que el cambio es posible, siempre que se prioricen los intereses de la sociedad por encima de los privilegios de unos pocos.