En una jugada que marca un quiebre en la política crediticia argentina, el ministro de Economía Luis Caputo anunció que el Banco Nación lanzará una línea de créditos hipotecarios en dólares destinada a los desarrolladores inmobiliarios. El anuncio, realizado durante la apertura de la Expo Real Estate, pone en el centro del debate una verdad ignorada por décadas de políticas intervencionistas: el verdadero motor del crecimiento y la generación de empleo es el sector privado.

Esta iniciativa no surge en el vacío. Por años, la construcción de viviendas en la Argentina ha estado condicionada por la escasa oferta de financiamiento, resultado de una larga historia de defaults y regulaciones que asfixiaron el crédito. Mientras tanto, países que han apostado por la libertad económica y el mercado de capitales robustos –como Chile, Colombia o Polonia– han visto florecer su mercado inmobiliario y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. La diferencia: allí el crédito fluye y la propiedad privada se respeta.

Según detalló Caputo, el Banco Nación utilizará capital propio, estimado en 500 millones de dólares, para financiar proyectos urbanos y suburbanos a 72 meses, con tasas en dólares "superrazonables". Este mecanismo sortea las trabas legales que impiden a las entidades otorgar préstamos en moneda extranjera con depósitos de ahorristas, recurriendo en cambio a fondos propios o financiamiento externo. En los últimos dos meses y medio, los depósitos en dólares crecieron en 2.700 millones, una cifra que revela la creciente confianza en el nuevo rumbo económico.

Pero la medida va mucho más allá de una simple herramienta financiera. Supone un llamado a los empresarios a abandonar la parálisis y el cortoplacismo, y a los bancos a recuperar su rol histórico como canalizadores de ahorro hacia la inversión. "No podemos seguir conviviendo con impuestos distorsivos como Ingresos Brutos", sentenció el ministro, criticando la maraña fiscal y las prácticas corruptas que han hecho del desarrollo inmobiliario un terreno fértil para la discrecionalidad y el estancamiento.

Para entender la magnitud del desafío, basta con mirar el déficit habitacional argentino –hoy superior a 3 millones de viviendas– y el largo letargo del crédito hipotecario, que representa menos del 1% del PBI, frente al 20% promedio de América Latina. Mientras tanto, la inflación y el cepo cambiario han empujado a la informalidad y desalientan la inversión de largo plazo. En contraste, experiencias de apertura y desregulación, como la chilena o la irlandesa en los años 90, muestran que cuando el Estado deja de ser un obstáculo y se convierte en facilitador, el resultado es un boom de la construcción, creación de empleo y acceso real a la vivienda.

Desde el sector privado, la recepción fue positiva pero cauta. Mali Vázquez, directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios y Desarrolladores Urbanos, remarcó la importancia de normalizar el mercado financiero y reducir los costos fiscales y regulatorios. La falta de crédito no solo dificulta la construcción sino que perpetúa la escasez y la suba de precios en dólares, lo que afecta a millones de familias.

El contexto internacional refuerza la urgencia de estas reformas. En economías maduras, el crédito hipotecario es la base del crecimiento económico y la movilidad social. En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema de titulización permitió democratizar el acceso a la vivienda y dinamizó múltiples sectores industriales y de servicios. En cambio, los sistemas hiperregulados y cerrados –como los que persisten en Argentina, bajo el influjo de gremios y partidos que defienden el statu quo– han demostrado ser un callejón sin salida.

La estrategia de Caputo y el gobierno de Javier Milei apunta a romper esa inercia. El desafío no es menor: reconstruir la credibilidad financiera tras años de políticas populistas y defaults requiere disciplina fiscal, apertura comercial y una batalla frontal contra los intereses corporativos que se oponen a cualquier cambio. El propio ministro reconoció que el proceso será gradual, pero insistió en que la clave es "cambiar el chip" y apostar por modelos de negocio de volumen y rotación, con mayor transparencia y gobernanza, para atraer capital institucional.

Para quienes deseen comprender el trasfondo de esta apuesta, es fundamental analizar tres factores: la necesidad de crédito a largo plazo para proyectos de vivienda, la urgencia de reducir impuestos distorsivos que solo benefician a estructuras políticas ineficientes, y la importancia de un marco jurídico estable que incentive la inversión privada. Sin estos elementos, cualquier estrategia quedará a mitad de camino.

A diferencia de los discursos habituales que prometen soluciones mágicas desde el Estado, la nueva política reconoce el valor de la propiedad privada, la competencia y la innovación. Si la Argentina logra consolidar un mercado de capitales profundo y reducir el peso del Estado sobre la economía real, el impacto será tangible: más viviendas, más empleos y una sociedad más libre y próspera.

El mensaje final es claro: el tiempo de la pasividad terminó. El futuro depende de la capacidad de empresarios y bancos para asumir riesgos, innovar y apostar por el largo plazo. Solo así será posible dejar atrás décadas de estancamiento y construir una Argentina donde el derecho a la vivienda y la prosperidad no sean privilegios, sino oportunidades al alcance de todos.

El rumbo está marcado: menos trabas, más libertad, y un Estado que acompañe –no que obstaculice– la iniciativa privada. Es hora de que los actores económicos y políticos que aún defienden el intervencionismo comprendan que el bienestar social surge de mercados libres, reglas claras y un compromiso genuino con el desarrollo.